El IES Ría del Carmen realiza una campaña contra los retrasos de los alumnos

Carlos Rodríguez Mayo
La Jefa de Estudios y Directora en funciones, ha emprendido una campaña contra los retrasos que consiste en impedir el acceso a las aulas de los alumnos que llegan tarde y en alojarles, durante la primera hora en un aula bajo el cuidado de un profesor de guardia. El fenómeno, que se ha producido en dos días diferentes del mes de marzo, ha causado algún malestar entre los alumnos y padres afectados, y sorpresa entre los profesores por suponer un cambio en el funcionamiento del centro del que nadie había sido informado.

El asunto merece un análisis que pretendo llevar a cabo en este blog, bajo los siguientes puntos de vista:

1º- La dimensión del problema, antes de esta campaña: Según datos todavía no contrastados, el primer día el número de alumnos que llegaron tarde superó el número de cuarenta y fueron una cifra situada entorno a quince el segundo día. Si los retrasos eran un problema tan grave como demuestran estos datos, la actuación del equipo directivo no sólo estaba justificada sino que era necesaria.

2º- ¿El carácter de la falta justifica la sanción? - En principio ni el reglamento de régimen interno ni ningún otro documento, que yo conozca, establece que la sanción que corresponde a los retrasos sea la de la privación de asistencia a clase. En los usos del Instituto solía ser el profesor el que decidía si la incorporación del alumno procedía o no, según el historial del alumno y la trascendencia de la clase que se impartía. La sanción, por lo tanto, rompe con este nivel de decisión, para trasladarlo, circunstancialmente (sólo se desarrolla algunos días) a los miembros del equipo directivo. El retraso no merecía la llamada informativa que se produce diariamente a las casas de los que faltan a clase, a pesar de que los retrasos suelen quedar reflejados también en el parte. Tan sólo por repetición, la falta leve podría transformarse en grave.

3º- De la conveniencia de tomar las decisiones por consenso: Extrañó a los profesores el que algunos fueran requeridos para cuidar de los alumnos en un aula. Nadie les había advertido de esta novedad. Por lo tanto, deduzco que o bien se improvisó la medida o bien se hizo pretendiendo el efecto sorpresa no sólo entre los alumnos sino también entre los profesores. Si esta última hipótesis no está desencaminada, y yo creo que no lo está, la actuación del equipo directivo habría intentado evitar la supuesta paralización de las medidas que un sector del profesorado, de los padres o de los alumnos habría intentado en el caso de haberse discutido si procedía o no. Además así se habría podido evitar el debate sobre asuntos colaterales como el de diferenciar los casos o las circunstancias en los retrasos, como el de las actividades y nivel de disciplina en el aula destinada a alojar a los retrasados o como el de la de la conveniencia o no de extender el tipo de sanción al resto del horario del centro. Si así fuera, la falta de consenso y discusión, tendrían explicación, lo cual no quita para que resulte lamentable en un país que se tiene por democrático y en un centro educativo que promueve, dice, la participación de alumnos y profesores. El que esta participación no se produzca, y ni se intente siquiera es síntoma de una enfermedad mucho más grave que los retrasos. Además plantear la cuestión, decidir por mayoría y avisar de lo que se va a hacer sería una buena medicina contra los retrasos y contra cualquier otra falta y resultaría mucho más educativo que todas las “educaciones para la ciudadanía”.

4º – Del aula de castigo y de su necesidad - La colaboración que los profesores de guardia prestaron ante la petición del equipo directivo habla de una sensibilidad compartida por una parte del profesorado ante la necesidad de la sanción de las faltas de los alumnos. Asumiendo su responsabilidad disciplinaria, los profesores de guardia se han encerrado con los alumnos sin preguntar el por qué ni el cómo. Se ha asumido la decisión de la autoridad sin saber, entre la sorpresa de unos y la indignación de otros. Creo que ha llegado el momento de hacer las preguntas y de esperar las respuestas. Vayamos por partes:

El por qué se relaciona con la importancia del problema de los retrasos. Seguramente que estaríamos de acuerdo en que su necesidad queda demostrada por los acontecimientos. Sin embargo, el cómo es más discutible: ¿El ejercicio de la represión de las faltas se debe de realizar de esta manera? ¿No se deben de contemplar excepciones como las de los alumnos que tengan programado un examen para esa misma hora o las de aquellos que tengan justificación documentada? ¿Cuándo se repetirá este tipo de acciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué se debe de hacer en el aula de los retrasados? ¿El alumno es libre de hacer lo que quiera en ella? ¿Se debería de guardar silencio para facilitar el trabajo voluntario o impuesto? ¿Qué sucede si no se guarda silencio o si el alumno grita o estima necesario discutir? ¿Es sólo la primera hora de la mañana la que requiere de este aula de castigo? ¿No hay retrasos o comportamientos inadecuados durante el resto de las horas del centro? ¿Podría debatirse acerca de la dedicación de algunas de las horas de guardia del profesorado para la atención de los alumnos que vemos cada día con gesto de aburrimiento frente a la Jefatura de Estudios?

Evidentemente, no soy yo quien puede o debe contestar a estas preguntas. Creo que es la ley, el reglamento de régimen interno y la autoridad competente (el equipo directivo) los que por orden sucesivo deben de responder, intentando facilitar a la función disciplinaria del profesorado los instrumentos para realizar su labor. Yo creo en la necesidad de la existencia de normas que se respeten siempre y por eso creo en la autoridad, que hace cumplir la norma y que persigue y reprime al infractor. La ley, la norma democrática, es un bien para todos, que protege al débil frente al fuerte y que todos debemos de respaldar, y más en este momento histórico. Yo creo que gran parte de los problemas que sufrimos provienen de la falta de un respaldo real a las actuaciones disciplinarias del profesorado, lo que conduce muchas veces a su falta de implicación en la corrección de los comportamientos y a soslayar los problemas, mirando hacia otro lado. Por eso, no puedo sino dar la bienvenida a las recientes actuaciones, porque son una muestra de valentía y un pequeño oasis en el desierto. Sin embargo, también creo en el diálogo y en el consenso, en la lógica y en la racionalidad. Solicito coordinación y debate en los órganos democráticamente elegidos y un cumplimiento fiel de los acuerdos. Es este espíritu y no el de la imposición de unos sobre los otros el que hace agradable el ambiente de un centro y el que produce resultados positivos.