Carlos Rodríguez Mayo
La justicia no existe. Es una utopía, una idea platónica de la que tan sólo conocemos algún eco lejano en esta pobre y perfectible realidad. Sin embargo, profesores y padres queremos ser justos, lo mismo que los estados, que segregan un poder judicial, encargado de aplicar la ley y de interpretarla con justicia, atendiendo a sus agravantes y atenuantes. Es por esta razón que el episodio que acabamos de vivir, la primera evaluación, resulta un asunto moralmente trascendente. Así es. En las notas, los profesores ordenamos la competencia de cada cual en nuestra asignatura. Una competencia medida con especial cuidado en exámenes distintos y sucesivos.
Entre alumnos y profesores surgen casi siempre conflictos por la nota. El alumno quiere más y el profesor suele resistirse. El alumno no entiende que su interés o sus argumentos pesan menos que los criterios comunes que ha aplicado el profesor, unos criterios discutibles, especialmente cuando sirven para discriminar entre el aprobado y el suspenso, pero unos criterios justos por cuanto que se aplican en la misma medida a todos sus compañeros.
Existen otras perspectivas acerca de la evaluación. Desde la LOGSE hasta hoy, la ESO abunda en otros planteamientos evaluadores. Se trata de contemplar al individuo aislado y de medir su progreso y su interés. Con esos planteamientos, que se imponen por las leyes, el criterio de justicia entra en crisis y algunos profesores sentimos que perdemos pie, y es que aprobar a alguien que sabe menos que otro que suspende repugna a cualquier profesor honrado, aunque la ley se lo demande. Por eso y porque tengo muy buenos alumnos me siento privilegiado de poder impartir clase tan sólo en bachillerato.
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