Nos espera otra huelga general. A diferencia de la mal llamada “huelga de alumnos”, ésta sí que será una huelga legal, porque está autorizada en tiempo y forma, y se ha convocado conforme a la ley. En ella se dilucidará si nuestros sindicatos, con un ínfimo nivel de afiliación, consiguen convencer a la mayor parte de la población de que no apoye a un gobierno que acaba de ganar las elecciones por un amplio margen.
En todo caso, frente a las tentaciones autoritarias, habría que repetir que el derecho a la huelga no se puede interpretar como el derecho a que los piquetes invadan las calles y cometan mil desmanes para impedir el libre desplazamiento de la población a su puesto de trabajo. Los piquetes son residuos de las huelgas revolucionarias que intentaron derrocar al poder e instaurar la dictadura del proletariado, como en España sucedió en 1917 y en 1934. Los piquetes fueron entonces la justificación para la proliferación del fascismo y son ahora un residuo antidemocrático, indeseado para la mayoría. Por eso a mi me gustaría que los sindicatos no los organizasen, que no apareciesen grupos de sindicalistas en las estaciones y en las rotondas, que no se reproduzca el tradicional juego sucio de la silicona en las cerraduras de las puertas importantes, para que de este modo todos los trabajadores podamos ejercer libremente nuestros derechos. Unos, nuestro derecho a acudir a nuestro centro de trabajo, para no tener que confundirnos con los que han arruinado al país, gastando sin tasa el dinero de nuestros impuestos durante los últimos ocho años, y otros, nuestro derecho a la huelga, para pedir una más justa distribución de los recortes.
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